La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) puso en tela de juicio la legitimidad del aislamiento político de Taiwán, señalando que la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU no menciona explícitamente a la República de China (ROC, Taiwán) ni define su estatus político o soberano.
Adoptada en 1971, esta resolución ha sido usada por la República Popular China (RPC) como base para excluir a Taiwán del sistema de Naciones Unidas. No obstante, diversos actores internacionales argumentan que dicha interpretación carece de sustento legal claro.
Durante una reciente sesión del Consejo de Seguridad convocada por China, Estados Unidos criticó el uso distorsionado de la resolución. Ting Wu, consejera política adjunta de la misión estadounidense ante la ONU, afirmó que Washington «rechaza el mal uso de la Resolución 2758 para aislar a Taiwán y limitar sus opciones internacionales».
El gobierno de Taiwán agradeció la postura estadounidense, calificando la intervención como un hecho histórico, al tratarse de la primera vez que este tema se plantea directamente en el Consejo de Seguridad.
La CMDH recordó que Taiwán fue miembro fundador de la ONU y que su evolución hacia una democracia moderna con elecciones libres y sistema político independiente lo aleja de cualquier vínculo con el régimen de Chiang Kai-shek. Por ello, señalaron que interpretar a Taiwán como los “representantes de Chiang” es una visión desactualizada e imprecisa.
Asimismo, la CMDH denunció que el principio de “una sola China” ha sido utilizado por Pekín como herramienta de presión diplomática contra Taiwán, afectando su participación en organismos multilaterales.
La Unión Europea y el G7 también se han pronunciado en contra de esta exclusión, respaldando la integración significativa de Taiwán en entidades como la OMS, la OACI, Interpol y la CMNUCC. En la misma línea, el Parlamento Europeo recalcó que la Resolución 2758 «no adopta ninguna posición sobre Taiwán» y condenó las provocaciones militares de China en la región.
Finalmente, la CMDH reiteró que Taiwán es una democracia funcional con gobierno propio, por lo que su exclusión carece de legitimidad tanto en el plano legal como en el ético.


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