La recuperación de esta infraestructura permitiría importar gas natural desde Venezuela, diversificar las fuentes de abastecimiento y fortalecer la seguridad energética del país.
El Gobierno Nacional incluyó la recuperación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), una decisión que busca avanzar en la rehabilitación de esta infraestructura y ampliar las alternativas de suministro de gas natural en Colombia.
La iniciativa permitirá coordinar, desde la Vicepresidencia de la República, la gestión institucional necesaria para recuperar el gasoducto y articular a las entidades responsables del proceso.
Inaugurado en 2007, el gasoducto tiene 225 kilómetros de longitud: 88 kilómetros en Colombia y 137 en Venezuela. Conecta La Guajira con la región del lago de Maracaibo y su recuperación permitiría incorporar gas venezolano al Sistema Nacional de Transporte para su distribución en el país.
Una alternativa para garantizar el suministro de gas
La recuperación hace parte de la estrategia Renacer de Ecopetrol y podría contribuir a ofrecer precios más competitivos para los hogares y la industria, además de reducir la dependencia de las importaciones de gas natural licuado (GNL).
La infraestructura tiene capacidad para transportar hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a cerca de la mitad del consumo nacional. En una primera fase se prevé importar 50 millones de pies cúbicos diarios, aproximadamente el 5 % del consumo del país.
Esta alternativa también busca reducir el riesgo de desabastecimiento a mediano y largo plazo, al sumar una fuente adicional de suministro a la producción nacional y las importaciones de GNL.
El proyecto requiere autorizaciones internacionales
Después de más de diez años de inactividad, Ecopetrol y el Gobierno Nacional buscan avanzar en la recuperación de esta infraestructura. La compañía indicó que el gasoducto continuó deteriorándose ante la falta de inversiones para su rehabilitación.
La entrada en operación estará condicionada a la recuperación de la infraestructura y a la obtención de la licencia requerida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Asimismo, el proyecto deberá cumplir con la legislación colombiana y los regímenes de sanciones aplicables. Cada etapa se desarrollará conforme a las autorizaciones correspondientes.


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