En desarrollo del Plan de Acción 2026, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Bolívar – Sucre, avanza en un proceso de revisión con vocación de revocatoria sobre aproximadamente 200 decisiones negativas emitidas en gobiernos anteriores.
Una vez surtido este procedimiento y revertidos los actos administrativos correspondientes, los casos serán incorporados formalmente a la gestión institucional, con el propósito de garantizar el cumplimiento y protección de los derechos territoriales de las víctimas del conflicto armado en la región.
Esta estrategia tiene como objetivo corregir decisiones en las que los solicitantes no obtuvieron el reconocimiento de sus derechos, pese a haber acudido oportunamente ante la entidad. La revisión incluye la verificación jurídica, social y catastral de cada expediente, asegurando decisiones ajustadas al marco normativo y a los estándares probatorios vigentes.
De esta manera, se podrán emitir conceptos favorables que garanticen justicia y reparación integral en casos donde anteriormente no fue posible.
El director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, Daniel Flórez, aseguró que la prioridad es profundizar el trabajo con las comunidades y avanzar en procesos que permitan revertir los efectos del despojo causados por actores armados, económicos e institucionales.
“Buscamos recuperar la confianza de las familias y consolidarnos como su principal aliado en la garantía de sus derechos”, expresó Flórez.
Uno de los avances destacados de este proceso es la revocatoria de un acto administrativo que afectaba a la familia Godoy, en un caso emblemático del predio La Camaronera. Tras una revisión exhaustiva por parte del equipo jurídico, el caso fue inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), lo que permitirá orientar la demanda ante los juzgados especializados.
“En el pasado sufrimos presiones que nos llevaron a ceder nuestras tierras en condiciones injustas. Hoy, gracias a la URT, recuperamos la esperanza de reivindicar nuestros derechos”, manifestó Antonio Godoy, beneficiario del proceso.
Con esta iniciativa, la entidad busca fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la calidad de sus decisiones administrativas y asegurar que las víctimas accedan de manera efectiva a los mecanismos de reparación previstos por la ley.
“¡Con dignidad, estamos cumpliendo!”, concluyó la entidad.
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