Durante los operativos se identificaron 30 predios con conexiones ilegales que desviaban agua potable hacia fincas, jagüeyes e industrias. Por estos fraudes se pierden cada mes más de 34.000 metros cúbicos del recurso.
La Gobernación del Atlántico, en articulación con la Policía Nacional y la empresa operadora AQsur, adelantó un operativo de gran escala para detectar y judicializar las conexiones irregulares que estaban afectando el acueducto regional Manatí–Candelaria.
Durante la jornada se identificaron 30 puntos de fraude ubicados entre la bocatoma del Canal del Dique, la planta de tratamiento y las conducciones hacia Candelaria. Estas derivaciones ilegales generaban una pérdida mensual de 34.000 metros cúbicos de agua potable, afectando la continuidad y presión del servicio en Manatí, Candelaria y los corregimientos de Leña y Carreto, especialmente en temporada seca.
Predios y actividades utilizando agua robada
Las conexiones clandestinas fueron encontradas en fincas, criaderos, industrias, jagüeyes y predios residenciales. Entre los lugares detectados se encuentran:
Fundación Vides
Parque Industrial Araguaney
Fábrica de Bloques Construblock
Granja El Paso
Fábrica de Carbón Vegetal
Finca con crías de caballos
Finca Los Corrales
Predio de uso residencial
Finca Maida 1
Finca Maida 2
“Cada litro robado es un hogar sin agua”: Gobernador Eduardo Verano
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, fue contundente al rechazar estos hechos.
“Proteger el agua es proteger la vida. No vamos a permitir que unos pocos afecten el derecho de miles de familias. Cada litro robado es un hogar sin servicio, y por eso actuaremos con decisión y todo el peso de la ley”, afirmó.
Graves afectaciones y millonarias pérdidas
La secretaria de Agua Potable del Atlántico, Lady Ospina, explicó que este tipo de fraudes constituye uno de los mayores flagelos para el sistema.
“Hoy encontramos jagüeyes llenos con agua potable, con prueba de cloro positiva. Esa agua que se están robando es la misma que hacemos el esfuerzo de tratar para consumo humano. Más de 34.000 metros cúbicos al mes se pierden solo en esta zona, lo que supera los 127 millones de pesos en pérdidas”, expresó Ospina.
La funcionaria reiteró que estas conductas son un delito que puede acarrear meses de cárcel y sanciones económicas de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes.
Operativos permanentes y denuncias individualizadas
Entre enero y noviembre de 2025 se han realizado 20 operativos de desconexiones ilegales en esta zona del departamento. Para estas labores, AQsur dispuso un equipo de más de 30 técnicos, mientras que la Policía Nacional apoyó con más de 20 uniformados.
La Gobernación y AQsur anunciaron además que las denuncias ante la Fiscalía serán ahora individualizadas, utilizando las coordenadas exactas de cada predio implicado.
“Ya no serán denuncias contra terceros indeterminados. Cada propietario tendrá que responder ante la ley”, enfatizó Ospina.
Por su parte, el director operativo de AQsur, Luis Alfredo Galán, aseguró que los operativos continuarán de manera permanente. “Vamos a tener mano dura contra los delincuentes que roban agua, especialmente en esta temporada de verano”, afirmó.
Línea de denuncia
La administración departamental recordó que el hurto de agua potable es un delito grave.
AQsur habilitó la línea de WhatsApp 316 900 6116 para reportar fraudes o daños a la infraestructura del acueducto regional.
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