La informalidad laboral, el envejecimiento de la población y el aumento del costo fiscal ponen en discusión la sostenibilidad del sistema pensional. Especialistas reunidos por CODESS y la Universidad Externado plantearon la necesidad de un acuerdo nacional para garantizar la protección económica durante la vejez.
Apenas uno de cada cuatro colombianos mayores de 60 años cuenta con una pensión, una cifra que refleja los desafíos que enfrenta el sistema de protección social en el país. El dato, atribuido al Ministerio del Trabajo, fue presentado durante el seminario Pensiones en Colombia: protección social, riesgo fiscal y los nuevos rumbos de la reforma.
El encuentro fue organizado por el Centro de Pensamiento en Seguridad Social (CEPESS), iniciativa conjunta de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS) y la Universidad Externado de Colombia, y reunió a académicos, especialistas, representantes de los trabajadores y expertos jurídicos para analizar el panorama pensional.
Durante el seminario se expuso que Colombia cuenta con cerca de 27 millones de afiliados al sistema pensional, pero solo 12 millones realizan cotizaciones efectivas. A esta situación se suma una informalidad laboral del 54,8 % a nivel nacional, que en las zonas rurales alcanza el 83,1 %.
Para Roberto Sierra Manotas, director general de CODESS, el debate debe ir más allá de las discusiones normativas y concentrarse en tres aspectos: ampliar la protección económica durante la vejez, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y adaptar el sistema a los cambios demográficos y laborales del país.
El costo fiscal de las pensiones genera preocupación
Uno de los temas centrales fue el impacto financiero de la reforma pensional. Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, exviceministro de Empleo y Pensiones y actual vicerrector de la Universidad de los Andes, explicó que el modelo de pilares busca corregir algunas desigualdades del sistema actual, aunque todavía existen interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo.
De acuerdo con las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), presentadas durante su intervención, el valor presente de la deuda pensional podría pasar del 100 % al 168 % del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el año 2100.
Olivera también llamó la atención sobre la distribución de los subsidios estatales. Según las cifras expuestas, una persona que cotiza sobre un salario mínimo puede recibir un subsidio pensional aproximado de 120 millones de pesos, mientras que en los niveles más altos de cotización este beneficio podría alcanzar los 950 millones de pesos.
Informalidad laboral y envejecimiento de la población
La sostenibilidad del sistema no depende únicamente de los cambios legales. También está relacionada con la generación de empleos formales y la posibilidad de que los trabajadores realicen aportes constantes durante su vida laboral.
Durante el encuentro se advirtió que cerca de la mitad de los trabajadores colombianos percibe ingresos inferiores al salario mínimo, circunstancia que dificulta su vinculación al sistema contributivo.
A este panorama se suma la disminución de la natalidad. En Bogotá, por ejemplo, la tasa de fecundidad ha descendido a 0,9 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1.
Este cambio demográfico plantea un desafío para las próximas décadas, debido a que habrá proporcionalmente menos trabajadores jóvenes para contribuir al financiamiento de las pensiones de una población con mayor esperanza de vida.
Desde la perspectiva de los trabajadores, Audy Ruiz, director del Departamento de Seguridad Social de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señaló que ninguna reforma será suficiente sin políticas que promuevan la formalización laboral, la estabilidad contractual y el trabajo decente.
La reforma pensional también enfrenta retos institucionales
La implementación de la reforma requiere ajustes administrativos y tecnológicos. Así lo señaló Diana Margarita Ojeda, integrante de la junta directiva de Colpensiones, quien destacó la necesidad de modernizar los procesos para responder al volumen de afiliados que deberá atender el régimen público.
Por su parte, Diana Milena Bolívar, abogada laboralista de Scola Abogados, advirtió que los cambios normativos y las controversias jurídicas generan incertidumbre entre los ciudadanos, especialmente entre las nuevas generaciones, cuya confianza en el sistema pensional se ha debilitado.
Otro de los asuntos abordados fue la evasión de aportes a la seguridad social. Jorge Mario Campillo, director de Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), explicó que el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y el cruce de información han permitido reducir esta práctica.
Sin embargo, indicó que la evasión continúa representando pérdidas de entre 8 y 9 billones de pesos anuales para el sistema de protección social.
Expertos proponen un acuerdo nacional sobre pensiones
Entre las principales propuestas del seminario se destacó la construcción de un acuerdo nacional sobre pensiones, inspirado en el Pacto de Toledo de España.
La iniciativa busca reunir a empresarios, trabajadores, partidos políticos, representantes de la academia y del Estado para establecer una hoja de ruta con reglas estables que trasciendan los cambios de gobierno y las diferencias políticas.
También se planteó estudiar mecanismos de ajuste gradual del sistema, teniendo en cuenta factores como la esperanza de vida, la natalidad y las condiciones del mercado laboral.
En las conclusiones del encuentro, John Marulanda, asesor de investigaciones de CODESS y CEPESS, destacó que la protección social y la sostenibilidad fiscal no deben entenderse como objetivos opuestos, sino como condiciones complementarias para garantizar el futuro del sistema.
El mensaje central del seminario fue la necesidad de avanzar de las reformas normativas hacia soluciones que permitan ampliar la cobertura pensional, fortalecer la confianza de los ciudadanos y garantizar la protección económica de las próximas generaciones.


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